Gobierno suizo sobre hija de Juana Calfunao: en Chile no hay garantías para su retorno. (el ciudadano-jk) La lonko Juana Calfunao pidió al Gobierno chileno extender la autorización judicial otorgada para viajar a Europa, y poder traer de vuelta su hija Relmutray Cadín a Chile. No obstante, el gobierno suizo no autorizaría tal permiso, mientras el Estado chileno no entregue garantías de respeto y protección a la niña.
Pese a su orden de arraigo nacional, tras ser liberada después de 4 años de encarcelamiento, la lonko Juana Calfunao fue a reunirse con su hija Relmutray Cadín, de 13 años, autoexiliada en Suiza desde los 8, por la persecución y el encarcelamiento que sufrió su familia por parte del Estado.
La autorización fue emanada por la Seremi de Justicia, que concedió este permiso “por razones humanitarias”. Sin embargo, el deseo de los padres de Relmutray – regresar a Chile con ella – puede verse impedido ante la negativa del Gobierno suizo de permitir que la niña vuelva a Chile, por no haber, en nuestro país, condiciones mínimas que aseguren la integridad y la protección de Relmutray.
Al respecto, el werkén de la comunidad Juan Paillalef, Antonio Cadín, pareja de Juana Calfunao y padre de Relmutray se refirió al viaje de la lonko a Suiza. Cadín señaló que su pareja sólo cuenta con autorización para ausentarse del país hasta este jueves 21 de abril, afirmando que no va a poder regresar al país hasta que su hija se recupere de su precario estado de salud.
“Nuestra hija sufrió una descompensación al encontrarse con su mamá, después de un tiempo que estuvo. Entonces la están analizando los médicos, en el tema físico y mental”, señaló el werkén. El recuentro con su madre le recordó además, las duras situaciones que debió enfrentar al interior de su comunidad, como la quema de la casa familiar y la detención de todos sus parientes, quedando en completo estado de indefensión.
“El regreso de la lonko es incierto, porque no sabemos cuando la niña va a estar en condiciones de viajar: depende de su estado de salud” indicó Cadín, y expresó el deseo que existe al interior de su grupo familiar de reconstruir sus vínculos, los que quedaron rotos tras la persecución y encarcelamiento que sufrieron. Estas intenciones incluyen el regreso de Relmutray a Chile.
No obstante, según Cadín, el gobierno suizo no está dispuesto a dejar partir a la niña, mientras el Estado chileno no garantice que ella y su familia, tendrá asegurado respeto a sus derechos y las condiciones básicas necesarias. “El Gobierno suizo envió una carta al Gobierno de Chile, tanto al ministro del Interior como al Ministro de Justicia, para plantearle la prolongación del permiso de la lonko, por la situación de mi hija”, afirmó.
A su vez, el werkén señaló que están esperando la respuesta del Gobierno chileno a la carta que entregaron al Presidente el pasado 14 de febrero “con respecto al tema de la comunidad y otros temas”. Cadín expresó que “aquí hay un problema de demanda de tierras, entre otras, que el Gobierno no ha resuelto en la comunidad Juan Paillalef”, haciendo referencia al proceso de recuperación de tierras ancestrales.
Cadín afirmó que el Gobierno suizo también está a la espera de esas demandas, y que de ello depende el regreso de su hija al país. “El Gobierno chileno nos tiene que garantizar el cese a la persecución y el hostigamiento policial a nuestra familia y comunidad”- sostuvo. Además el Ejecutivo debe entender, según el líder mapuche, que, “producto del encarcelamiento de todos nosotros y el asilo político de nuestra hija, nuestra familia quedó totalmente destruida”.
Respecto a la respuesta del Ejecutivo, Antonio Cadín indicó que hace unos días había hablado con el Intendente de la Araucanía para hacer llegar su solicitud a las autoridades centrales, no obstante, “esa respuesta aún no ha llegado”- acusó. Por eso, el líder mapuche tiene confianza en que los organismos internacionales – quienes recibieron una copia de la carta enviada al Gobierno chileno – presionen a éste último para dar una respuesta lo más rápido posible.
Cadín espera que no existan problemas para prolongar la estadía de la lonko Calfunao en Suiza, ya que las razones son, como señala su pareja, “netamente humanitarias, y no políticas”.
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CORTE ACOGE NULIDAD DE JUICIO CONTRA MAPUCHESPor su parte, la Corte Suprema acogió a trámite la nulidad presentada por cuatro comuneros mapuches condenados por delitos terroristas en el juicio de Cañete por su presunta participación en el atentado al fiscal Mario Elgueta, en el 2008.
En ese juicio el Tribunal impuso duras penas de entre 20 a 25 años de cárcel, en contra de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, las que fueron calificadas como excesivas por sus abogados.
En este momento, los comuneros mantienen una huelga de hambre de más de un mes, desde que se dictó el fallo. Al respecto, acusan de que el proceso no fue un juicio justo, ya que con la aplicación de la Ley Antiterrorista, se les mantuvo en prisión preventiva por todo el tiempo que duró la investigación y se usó testigos “protegidos” o encubiertos para declarar en su contra.
Christian Armaza Benavides
El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2011/04/21/gobierno-suizo-sobre-hija-de-juana-calfunao-en-chile-no-hay-garantias-para-su-retorno/___________________
Descalifican ley chilena aprobada en dictadura. (pl-jk) Santiago de Chile, 21 abr (PL) La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, criticó la aplicación en Chile de la ley antiterrorista, instrumento jurídico aprobado durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
La invocación a la ley antiterrorista es hoy día un atentado a la posibilidad de un juicio imparcial y a las garantías del debido proceso, subrayó Fries en entrevista transmitida por la radio local Cooperativa.
Dijo que es una ley muy cuestionada e impugnó, en tal sentido, que el Gobierno no haya cumplido con la promesa de modificarla a fondo, salvo lo relativo a la prohibición de su uso en el encausamiento de menores de 18 años de edad.
Otra aberración jurídica señalada por la especialista es que los tribunales sancionen por delitos ordinarios, pero avalen la utilización por los fiscales de los procedimientos excepcionales que contempla la citada norma, como los testigos protegidos.
Eso fue lo sucedido con los cuatro líderes mapuche condenados a penas de entre 20 y 25 años de cárcel en el sur del país y que optaron por el ayuno como acto de protesta, ilustró Fries.
Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical se mantienen en huelga de hambre desde el pasado 15 de marzo en demanda de un juicio justo y sin aplicación de la ley antiterrorista.
Precisamente en carta enviada esta semana desde la cárcel, Llaitul denunció el empleo deliberado de la referida ley para castigarlo a él y a sus compañeros a como diera lugar con el fin de apartarlos de la lucha ancestral de su pueblo contra el empresariado local y transnacional.
El Estado chileno, enfatizó el líder indígena, busca reducir la lucha mapuche a actos supuestamente delictuales y terroristas para así perseguir y reprimir indiscriminadamente la resistencia de los pueblos originarios contra el capitalismo depredador.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=282384&Itemid=1__________
Héctor Llaitul escribe desde la cárcel - “Cómo entendemos esta condena”
En primer lugar, haremos un repaso muy sucinto de la historia, cuestión esencial para poder entender el conflicto histórico que tenemos como Pueblo-Nación Mapuche con el Estado chileno.
A la llegada de los españoles, el territorio mapuche ancestral era de aproximadamente 30 millones de hectáreas, que abarcaba desde la zona central de lo que hoy es Chile, hasta la Patagonia por el sur y desde el Océano Pacífico hasta casi el Atlántico por el este. Posteriormente sobre ese territorio se constituyeron las repúblicas de Chile y Argentina.
A partir de 1542 con la fundación de ciudades y fuertes, los españoles comienzan a ocupar militarmente el territorio mapuche, situación que generó una fuerte resistencia de un cohesionado pueblo mapuche. Es en este contexto que surgen los grandes líderes reconocidos como Calfulikam, Peleftraru, Lientur y nuestro gran adalid mapuche, Leftraru. Durante todo este período de resistencia nuestro pueblo no fue derrotado, llegando incluso la Corona española a reconocer la independencia de la nación mapuche, como quedó establecido en tratados conocidos como Parlamentos, siendo el más importante el de Quilín, en 1641, que reconoció oficialmente como frontera el río Bío Bío entre ambas soberanías, lo cual fue nuevamente reafirmado con el Parlamento de Negrete en 1803, contexto en que se empieza a constituir la República de Chile, continuando la independencia de la Nación Mapuche hasta el año 1881 en una territorialidad aproximada de diez millones de hectáreas.
Posteriormente, y como fue una constante en gran parte de América Latina, una vez que se consolidan los nacientes Estados nacionales, se comienza a ocupar progresivamente los territorios de los pueblos originarios dando lugar nuevamente a guerras de exterminio, situación que se entiende por la expansión del capitalismo primario en la región y que obligó a las nuevas repúblicas a consolidar sus estructuras independentistas de la metrópoli bajo una concepción económica de no dependencia. Esto explica en gran parte porqué las repúblicas de Chile y Argentina definieron y llevaron a cabo una ocupación militar de exterminio en La Araucanía, que a la postre culminó con la derrota militar de nuestro pueblo hacia el año 1881-83, quedando nuestro pueblo expoliado de su territorio ancestral en una cifra aproximada de 500 mil hectáreas.
Somos un pueblo ocupadoEn definitiva, nuestro Pueblo-Nación es un pueblo ocupado, bajo dominación y dependencia del Estado chileno hasta la actualidad, expoliado territorialmente y que aún se sostiene, sobrevive y resiste en alrededor de las mismas 500 mil hectáreas. Es decir, sobre nuestros derechos territoriales y políticos los hechos y cifras hablan por sí solos, lo que justifica la vigencia de las demandas de territorio y autonomía para la Nación Mapuche.
En las últimas décadas, más aún en la actualidad, nuestro pueblo sigue resistiendo, a pesar de toda la situación, destacándose el éxodo masivo desde las comunidades producto de la pobreza asociada a la falta de tierras y a la pérdida de identidad; en las comunidades se sobrevive dignamente a pesar de vivir “arreduccionados” todavía y de estar permanentemente amenazados frente a las arremetidas de los intereses de un Estado capitalista que a través de sus políticas de dominio territorial sólo han tenido como consecuencia pobreza, miseria, exclusión y exterminio paulatino de nuestras comunidades. No está demás decir que el Estado chileno, a la par de favorecer a la oligarquía criolla, siempre ha aplicado políticas de orden colonialista y dominante que tienen como objetivo sostener el estado de opresión, permitiendo sólo la integración forzada, así se entiende que ya llevamos prácticamente un siglo en que a las demandas mapuches se les aplican medidas de orden cortoplacista y asistenciales, nunca soluciones de fondo que permitan al menos viabilizar la reconstrucción territorial y política para nuestro pueblo.
El capitalismo depredador En la actualidad el Estado chileno es capitalista porque ha asumido a ultranza el modelo económico neoliberal que se sustenta en las actividades productivas, las que se explotan indiscriminadamente, como son los sectores agropecuarios, cupríferos, pesquero y forestal. Es en el caso específico forestal y su avasallador desarrollo en el sur de Chile, en donde encontramos muchas de las razones de fondo del conflicto entre nuestro pueblo y el Estado chileno, ya que son las políticas del Estado las que siempre han beneficiado a la oligarquía criolla y ahora transnacional expresada en los poderosos grupos económicos que siguen explotando nuestro territorio ancestral, lo que ha traído como consecuencia graves costos para nuestro pueblo. A su vez, la usurpación territorial no ha cesado, ya en dictadura y con la Concertación se dio continuidad a la usurpación violenta de buena parte de las tierras mapuches que aún quedaban en manos de nuestro pueblo.
En definitiva, lo que hoy se llama Araucanía ha pasado a ser controlado por los grandes grupos económicos que no sólo explotan indiscriminadamente nuestro territorio ancestral y sus recursos, sino que son los verdaderos dueños del poder de dominación sobre nuestro Pueblo Mapuche y del pueblo pobre chileno. Por lo tanto, decimos abiertamente que detrás del conflicto mapuche están los grupos Angelini, dueño de la Forestal Arauco, los Matte, dueños de CMPC y Mininco, el grupo Mitsubishi, Endesa Chile, el grupo Shell, los latifundistas asociados en la SNA y últimamente inversionistas mineros como el grupo Santa Bárbara y Farkas.
El Pueblo-Nación MapucheLa realidad anterior, graficada someramente, es lo que dio lugar a que a mediados de los 90 nuestro pueblo retomara con fuerza el proceso de resistencia. Es en este contexto que surge la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM), organización mapuche territorial que inicialmente planteaba recomponer el histórico Butalmapu de esta zona. Es con la CAM que se da una expresión más avanzada en el movimiento mapuche en lucha. De hecho, la CAM plantea resueltamente la reconstrucción del Pueblo-Nación Mapuche y lo que sería el salto cualitativo más importante, se define desarrollar un gran proceso de liberación nacional mapuche, cuestión que obviamente pone en alerta al sistema y al capital criollo y transnacional. Es el desarrollo de una estrategia y la consecuente práctica política, consistente en ir motivando el control territorial mapuche en las zonas en conflicto, principalmente a través de las recuperaciones de tierras de carácter productivo y la defensa territorial. Es lo que da el salto cualitativo a la lucha mapuche, volviéndola aún más anticapitalista y antioligárquica, subsumida en un fuerte planteamiento anticolonial y por la autonomía definitiva.
Para mayor comprensión, es necesario decir que la estrategia CAM se materializa a través de dos grandes elementos. Por un lado está la resistencia mapuche, definición hecha de acuerdo a las características del sistema capitalista que opera en el territorio ancestral en base a los procesos de inversión destructivos asociados, concluyéndose que el no luchar y resistir al sistema por parte de las comunidades significaría el exterminio de muchas comunidades. La resistencia mapuche, entendida de forma integral, amplia, en donde participa mayoritariamente la masa mapuche y en donde los objetivos centrales son la defensa de la cultura y las formas de vida más dignas en las comunidades. Por otro lado se plantea la reconstrucción del Pueblo-Nación Mapuche, partiendo por un proyecto de rearticulación de comunidades y el desarrollo paulatino de un control territorial y político mapuche que permita reposicionar con más fuerza todos los aspectos que nos son propios como mapuche. De estos elementos fundamentales se crean las condiciones para la creación de las bases de una propuesta de liberación nacional, lo que justifica todas aquellas acciones que desarrollen las comunidades así como sus militantes más comprometidos, los weichafe. A su vez estos elementos permitirían ir desarrollando un pensamiento mayor doctrinario, ideológica y políticamente mapuche para la liberación.
La contrainsurgencia en La AraucaníaEs este planteamiento y su práctica concreta lo que alerta al poder de dominación, tanto a nivel regional como a nivel central, obligando al Estado chileno a desarrollar estrategias represivas en el marco de la contrainsurgencia clásica que ha operado en Chile para frenar las justas luchas de los oprimidos en general y de nuestro pueblo en particular.
Para lograr la estabilidad político-social necesaria y así asegurar el funcionamiento de la economía capitalista que se desarrolla en base al control territorial del Estado en el Wallmapuche, el poder de dominación se ha visto obligado a desarrollar una política de represión y persecución hacia las comunidades mapuches en conflicto y hacia los sectores más comprometidos y consecuentes en la lucha. El Estado chileno ha asumido claramente los elementos centrales de la contrainsurgencia para hacer frente a la lucha mapuche, teniendo como objetivo central en su política represiva a la CAM así como a las comunidades más combativas y autónomas del movimiento mapuche. Esta política represiva del Estado tiene dos grandes aristas, por un lado se observa a las fuerzas policiales que prestan protección directa a los intereses capitalistas en la zona, principalmente a las empresas forestales, lo que ha significado derechamente la militarización de las zonas en conflicto expresada en la instalación de sendos campamentos al interior de predios forestales y el resguardo de las faenas productivas y su traslado de madera, lo que incluye además puestos de punto fijo, rondas e incursiones a comunidades, así como un grueso trabajo de inteligencia e infiltración policial. Por otro lado están las líneas de represión directa, que incluyen allanamientos, asesinato de militantes mapuches, persecución y encarcelamiento a los dirigentes más consecuentes y comprometidos. Cuestión fundamental en esta estrategia represiva ha sido la manipulación mediática, que en el último tiempo ha sido con verdaderas campañas en contra de la causa mapuche que han sostenido los medios de comunicación al servicio de la derecha económica y política de este país, situación que se ha profundizado con el actual gobierno de derecha. Es en este contexto socio-político que se da lugar a la reemergencia del terrorismo de Estado en territorio mapuche, expresado concretamente en la militarización, los permanentes allanamientos, el cerco policial en las comunidades movilizadas y la presencia de grupos paramilitares de derecha, quienes como guardias blancas actúan impunemente resguardando los intereses de los latifundistas y de las empresas forestales.
Manipulación mediática. La manipulación de los medios de comunicación ha distorsionado intencionalmente los hechos, cuestión fundamental para los grupos de poder ya que el objetivo es rebajar la lucha mapuche a actos delictuales y terroristas para así poder perseguir y reprimir indiscriminadamente. En este contexto, el Estado ha apostado por llevar adelante una política de criminalización de la causa mapuche, lo que se ha traducido últimamente en una serie de detenciones a comuneros y dirigentes de la causa mapuche, sobre todo de aquellos que con más fuerza encarnan los planteamientos ideológicos y políticos de la resistencia y la liberación. Ahora bien, se entiende que detrás de estas políticas represivas está el gran empresariado nacional y transnacional, quienes son los verdaderos sustentadores de la violencia oficial contra los mapuches y los responsables últimos de utilizar al Estado y sus instituciones para reprimir y perseguir la justa lucha del Pueblo-Nación Mapuche.
La criminalización de las demandas mapuches se explica por sí sola en la aplicación de una legislación aberrante como son la Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado, así como la justicia militar, que deja impune a sus miembros. La aplicación intencional de estas aberraciones judiciales tiene como objetivo concreto buscar condenas arbitrariamente en el entendido de que todos los juicios son políticos, de persecución a nuestras ideas y planteamientos, dándose curso a espúreos procesos judiciales con indebidos procedimientos y la imposibilidad de juicios justos.
Terrorismo de Estado.La Ley Antiterrorista con la figura de los testigos sin rostro incluida, los doble procesamientos, el indebido proceso, los grotescos encubrimientos en el juicio producto de montajes político-policiales sostenidos por fiscales anti mapuche, tienen como objetivo llevar a la cárcel a los más comprometidos weichafe de nuestro pueblo. Así se entiende nuestra situación actual; sufrimos persecución política, fuimos apresados y llevados a juicio, el que carecía de todos los elementos que sustancian los aspectos jurídicos, fuimos condenados políticamente por un tribunal bajo presión de los intereses empresariales, la condena era ya un secreto a voces antes del juicio, incluso ya era vociferado por la prensa fascista (El Mercurio) un veredicto. Es decir, la resolución judicial pareció más ser parte de la definición del poder político central.
Las razones de esta condena (20 y 25 años de cárcel) hay que buscarlas en la realidad descrita, más aún comprendiendo que estamos en un contexto sociopolítico de derecha, un escenario que permite mayor tipo de injusticias no sólo para nuestro pueblo sino para todos aquellos que luchan por sus derechos.
La condena es esencialmente política y fue por nuestra pertenencia a la CAM, por ser dirigentes mapuches y por asumir con fuerza y compromiso la lucha de nuestro pueblo. Fue una condena a nuestra postura autonomista, a nuestras definiciones, las que son de millares de pu peñi ka pu lamnien de nuestro pueblo. Es exacto: no tuvimos un juicio justo, la condena fue sólo en base a los testimonios de un testigo secreto o sin rostro, no hubo pruebas ni científicas ni de ningún tipo, la Fiscalía no presentó coherencia de los hechos, no hubo relación lógica de los mismos y nada que pruebe una sola participación en los hechos.
La condena fue política por pertenecer y estar presentes en los procesos de recuperación territorial y política de las comunidades en la zona de Lleu Lleu. La condena es parte de una estrategia mayor de represión al movimiento mapuche que opera en Lleu Lleu, para así garantizar las inversiones forestales y mineras en esta zona.
La condena pretende buscar freno a la propuesta que encarnamos, que va desde la actitud mapuche más digna hasta luchar por la cultura y la identidad nacional mapuche, bases fundamentales para soñar y lograr nuestra tan anhelada libertad, la Liberación Nacional Mapuche.
Por Territorio y Autonomía para la Nación Mapuche.
Weuwain - Marrichiweu- Petu mongolein, Petu mapucheñelein
HECTOR LLAITUL CARRILLANCAWeichafe de la Nación Mapuche
PPM (Presos políticos mapuche)
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 731, 15 de abril, 2011)
Los Presos, secuestrados polìticos Mapuche desde el pasado 15 de marzo iniciaron una huelga de hambre en contra del veredicto y en demanda de un proceso justo.
