Consejo de Derechos Humanos
17° período de sesiones,
Ginebra del 30 de mayo al 17 de junio de 2011
Tema 4: Situación de los derechos humanos que requiere la atención del Concejo. Debate general.
(Intervención del Consejo Indio de Sud-América)
Señor Presidente:
La persecución política contra nuestros dirigentes y la criminalización de nuestras justas demandas por parte de la justicia chilena, quienes coludidos con las empresas nacionales y multinacionales, con la complicidad de las autoridades, es la norma que diariamente enfrenta nuestro pueblo Mapuche.
El objetivo del gobierno chileno es acallar las demandas de nuestro pueblo mediante el encarcelamiento de nuestros dirigentes. Que luchan pacíficamente por el respeto de sus derechos, y contra el exterminio de nuestras comunidades mediante el despojo de nuestro territorio y cultura cosmovisiónal.
Los abusos de poder de la policía que se expresan en allanamientos arbitrarios y montajes, están a la orden del día. La policía aplica violencia innecesaria y desmedida contra de niños y ancianos. Destruye los inmuebles y utensilios, se llevan las herramientas de trabajo: computadores, teléfonos, dinero, botan los alimentos y nos roban objetos valiosos y simbólicos de nuestra cultura ej. Joyas e instrumentos propios. Estos materiales nunca se nos devuelven dejándonos cada vez más empobrecidos.
La policía realiza montajes judiciales. Colocando ‘pruebas’, algunas de los cuales son de uso exclusivo de ellos. Desde el pasado 15 de marzo, cuatro hermanos se encuentran en huelga de hambre, en protesta por haber sido objeto de montajes policiales y judiciales; fueron juzgados por un supuesto delito, simultáneamente por tribunales militares y civiles. Un tribunal civil los condenó entre 20 a 25 años en la que se utilizaron testigos anónimos, sin rostro, método ampliamente condenado por organizaciones de derechos humanos internacionales. No obstante la clara violación al debido proceso, recientemente la Corte Suprema de Chile validó las irregularidades cometidas por el tribunal civil, a pesar que previamente un tribunal militar y otro civil los habían absuelto. La iglesia católica actuó como garante en una larga huelga que se realizó el año 2010 en donde el gobierno chileno se comprometió a no aplicar la ley antiterrorista en contra de nuestros dirigentes. Ni el gobierno, ni la iglesia cumplieron sus promesas pues lo único que ellos querían era que la huelga de hambre terminara, lo mismo que quieren hoy. Es decir nuestra demanda histórica por nuestro patrimonio ancestral del territorio sigue siendo criminalizado.
Queremos dejar establecido que las autoridades tradicionales del pueblo Mapuche, jamás hemos renunciado a nuestros derechos de pueblo. Tales como el derecho de mantener nuestras propias normas y costumbres, nuestra relación armónica con nuestra Madre Tierra ya que somos parte de ella.
Chile violó los tratados celebrados con la nación Mapuche y los con la Corona de España y anexo de manera violenta e ilegal nuestro territorio y considerando que nuestro pueblo se encuentra en una absoluta indefensión. Queremos reafirmar una vez más que Chile no tiene jurisdicción sobre nosotros los mapuche, ni de nuestro territorio.
Por lo tanto no tenemos otra alternativa que reafirmar nuestra identidad cultural y luchar por nuestra autonomía y libre determinación que nos asiste como pueblo ante el derecho internacional.
Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT, pero no se da cumplimiento a la norma establecida por la ONU. Miente descaradamente en los informes que entrega en los exámenes periódicos de este organismo mundial. Nos niega el derecho a que los pueblos originarios controlemos nuestro propio territorio ancestral. Al contrario, el Estado chileno contamina y destruye impunemente
En mi calidad de autoridad solicito, que los miembros de la ONU hagan un contundente llamado de atención al Estado chileno. Por su incapacidad de respetar y cumplir los convenios y leyes nacionales e internacionales y los mínimos derechos humanos de las personas.
Si se practicara un reconocimiento a la diversidad, juntos lograremos realizar una vida justa, solidaria, sana, con respeto y dignidad para todos.
Muchas Gracias Sr. Presidente.
Juana Calfunao Paillaléf.
Lonko de la Comunidad Juan Paillaléf. Ginebra, 7 de junio, 2011
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Juana Calfunao, conferencia inaugural en el tribunal por la justicia climática celebrado en Pola de siero, Europa en abril de 2011. Contexto global de Cambio climático y concepto de justicia climática.
http://youtu.be/T-CBXJfvCB8
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Lonkos y autoridades ancestrales, dirigentes y comuneros del Wallmapu visitan a presos políticos Mapuche en hospital de Victoria, el sábado 11 de junio 2011..
http://youtu.be/S4kbImT2JeQ
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COMUNICADO URGENTE A LA SOCIEDAD CIVIL INTERNATIONAL
Nosotros, ciudadanos de la sociedad civil residentes en Francia y en Europa, miembros de asociaciones y de comités solidarios con el pueblo Mapuche, expresamos nuestra indignación por la decisión de la Corte Suprema de Chile, con fecha del 3 de junio de 2011, que rechazó la anulación del juicio del tribunal de Cañete, realizado en el marco de la de la ley 18 314 (1) y con manifiestas irregularidades. El 22 de marzo de 2011, el tribunal de Cañete condenó a altas penas de prisión a cuatro Presos Políticos Mapuche – Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo – que continúan una huelga de hambre iniciada el 15 de marzo de 2011.
Memoria histórica:
En abril de 2009, amplias y violentas detenciones son operadas en diferentes comunidades Mapuche de la IXa Región en el sur de Chile. Treinta de sus miembros son detenidos en prisión preventiva.
A partir del 12 de julio de 2010, Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo iniciaron, con 30 otros presos, una huelga de hambre que duró 82 días, para exigir procesos justos, la eliminación de los dobles procesos (mismos delitos juzgados a la vez ante tribunales civiles y militares) y la no aplicación de la Ley Antiterrorista. Esta huelga terminó el 2 de octubre de 2010 con un Acuerdo del gobierno chileno de no aplicar la ley antiterrorista en los procesos ya iniciados.
El juicio de 18 de 34 presos políticos Mapuche comenzó el 8 de noviembre de 2010 en el Tribunal oral de la ciudad de Cañete en el curso del cual el Ministerio Público finalmente va a continuar a aplicar la ley antiterrorista, utilizando las declaraciones de " testigos sin rostro ".
Once Observadores Internacionales enviados por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que participaron en proceso de Cañete, denunciaron en sus informes las anomalías jurídicas de este juicio y sobretodo la falta de garantías para la defensa. Una jurista internacional, Mireille Fanon Mendès-France, Presidenta de la Fundación Frantz Fanon, miembro de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, es enviada en misión al proceso de Cañete como Observadora Internacional por la Fundación France Libertés de Danielle Mitterrand. Ella redactó un completo informe sobre el desarrollo de este proceso.
El 18 de febrero de 2011, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Observatorio Ciudadano, llaman a los tribunales chilenos de justicia a no aplicar la Ley Antiterrorista, manifiestan la necesidad de revisar esta ley que está en contradicción con las normas internacionales.
El 22 de marzo de 2011, el tribunal de Cañete condenó a Héctor Llaitul a 25 años de prisión, Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo a 20 años de prisión. Los otros trece prisioneros Mapuche, acusados por los mismos delitos, fueron absueltos. Uno de los prisioneros se suicidó durante el procedimiento (2) judicial.
Después de conocer esta sentencia, los cuatro presos políticos, continuaron su huelga de hambre comenzada el 15 de marzo de 2011 y pidieron a sus abogados de presentar un recurso de nulidad del juicio de Cañete, ante la Corte Suprema de Chile.
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(1) Ley antiterrorista heredada de la dictadura de A. Pinochet y vigente durant los diferentes gobiernos de la Concertación.
2) Richard Eduardo Neguey Pilquiman, joven Mapuche, de edad de 19 años, de Puerto Choque, Tirua.
El 3 de junio de 2011, la Corte Suprema de Justicia entregó un veredicto contradictorio rechazando la anulación del juicio de Cañete y condenando por dos delitos a 14 años de prisión Héctor Llaitul y a 8 años Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo.
Aunque la Corte redujo las penas del delito de "ataque contra el Fiscal y su escolta policial", ella mantuvo integralmente las penas - de 10 años y 1 día para Hector Llaitul, y 5 años y 1 día para los tres otros – penas ya existentes por " robo con intimidación " al particular Santos Jorquera.
Nos es difícil comprender por qué la condena, en el caso del colono Santos Jorquera instruida bajo la ley antiterrorista y con el recurso a " testigos sin rostro ", no fuera reexaminada. Constatamos que las presiones políticas ejercidas por el Estado chileno con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y los grupos de presión de las grandes empresas lograron influenciar a los jueces de la Corte Suprema para que éstos renunciaran a anular el fallo de Cañete.
También constatamos que los jueces de esta Corte, reduciendo las altas penas de prisión relativas al " ataque del Fiscal y de su escolta policial", omitieron el hecho que los cuatro condenados ya habían sido absueltos por el mismo delito, el 16 de diciembre de 2010, por el Tercer Tribunal Militar de Valdivia, fallo confirmado por la Corte de Apelaciones de Concepción, el 26 de mayo de 2011.
Numerosas organizaciones Mapuche declararon que " si son condenados, seremos también todos condenados ". En las próximas semanas, decenas de miembros de comunidades mapuche serán deferidos ante tribunales de diferentes ciudades. Considerando la decisión de la Corte Suprema, existe el peligro que continúen a ser juzgados con la aplicación de la ley antiterrorista y con la utilización de " testigos sin rostro " sin respetar el Acuerdo del Gobierno de retirar las querellas por Ley Antiterrorista (02/10/10).
Es necesario precisar que los abogados de los cuatro condenados acaban de depositar un Recurso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero esta respuesta demorara mínimo dos años. Esta tardía demanda no impedirá que continúe la huelga de hambre con las graves consecuencias que se pueden temer.
Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo no piden clemencia, ni perdón, ni indulto, sino que se respete un proceso con las garantías constitucionales chilenas y en conformidad a las normas internacionales.
Llamamos la sociedad civil chilena, sus parlamentarios, sus sindicalistas, sus periodistas, sus artistas, aquellas y aquellos que luchan para una sociedad más justa en Chile, aquellas y aquellos que luchan también, como los Mapuche, para defender el medio ambiente, a protestar por todo Chile, en apoyo de las reivindicaciones de los presos políticos Mapuche, como lo hicieron recientemente contra el proyecto HydroAysén.
Llamamos, finalmente, a la Comunidad internacional a protestar ante las autoridades chilenas y particularmente a dirigirse al Presidente Piñera para pedir su intervención con urgencia, para que los presos Mapuche sean liberados, quedando a la espera de un nuevo proceso y que se suprima definitivamente la aplicación de la ley antiterrorista y el recurso a los testigos sin rostroen los futuros procesos.
Paris, 9 de junio de 2011
http://prensagraficaenlacalle.blogspot.com/2011/06/comunicado-urgente-la-sociedad-civil.html
